El zarpazo accionario al Distrito de Barranquilla en la Triple A
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- Publicado el Martes, 04 Octubre 2011 11:23
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La perla más protuberante de este convenio es la ampliación, hasta el 19 de octubre de 2033, del término de la concesión que vencía el 19 de octubre de 2013.
Jorge Mariano Rodríguez
Si la liquidación de las Empresas Públicas Municipales se convirtió en la decisión esperanzadora para solucionar los graves problemas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla, no menos preocupante es ahora para la ciudad el hecho de haber perdido, como consecuencia de otras decisiones, la principal infraestructura pública con la que contaba la capital del Atlántico.
Para nadie era un secreto, en ese entonces, que la liquidación de las EPM constituía la solución indicada, debido a la catastrófica crisis institucional a que fue conducida por los malos manejos administrativos, la corrupción y la politiquería.
Hoy, 19 años después de la liquidación de las EPM y de haber iniciado operaciones la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A), tampoco es un secreto que el Distrito perdió su poder accionario en la composición de la empresa, en un porcentaje exacta a inversamente proporcional al dispuesto por el Concejo cuando autorizó su participación en la constitución de dicha entidad.
Todo ello como consecuencia de una serie de decisiones tomadas por la Junta Directiva y Asamblea de Accionistas de la Triple A, de cuya responsabilidad no pueden sustraerse los Alcaldes de turno. Es decir, los Alcaldes fueron complacientes y permitieron el zarpazo accionario al Distrito en la Triple A, por parte del sector privado y empresas multinacionales.
Lo aprobado por el Concejo
En efecto, mediante el Acuerdo 023 del 6 de junio de 1991, el Concejo de Barranquilla autorizó al Alcalde para participar como accionista de una sociedad anónima de economía mixta del orden Municipal, encargada de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Para tal fin, los bienes muebles e inmuebles de las EPM pasarían a propiedad del Municipio, para que éste, a su vez, participase en la conformación de la nueva sociedad mediante un aporte a través de un sistema de concesión.
En este Acuerdo el Concejo fue claro y enfático al establecer que la participación accionaria del Municipio no sería superior al 89% ni inferior al 85% y en su defecto, la del sector privado no sería superior al 15% del capital social.
Bajo esta autorización el Concejo también dispuso dos clases de acciones: serie A para el sector público y serie B para el sector privado. Y también estableció que ningún accionista clase B, es decir, del sector privado, podría tener más del 1% de las acciones suscritas.
Así las cosas, el 17 de julio siguiente, mediante Escritura Pública 1667, otorgada por el Notario Tercero del Circuito de Barranquilla, fue constituida la sociedad, en la cual el Municipio inicia su participación con un 85%, representados en $85 millones, quedando la cifra restante en poder el sector privado hasta completar el 100%.
Avalúo, aportes y primer zarpazo
Seis meses más tarde, el 24 de diciembre de 1991, mediante Decreto 775, la Administración Municipal, aprobó el avalúo de la concesión en $32.754 millones, que se dividirían de la siguiente forma:
- $15.000 millones por los cuales la Triple A pagaría regalías calculadas a una tasa del 1.5% mensuales, equivalentes a $225 millones, para cubrir la deuda con los jubilados de las EPM.
- $6.000 millones por lo cual la Triple A pagaría regalías para cubrir la deuda de las EPM con el Banco Popular. Una vez saldada esta deuda, los $6.000 millones pasarían a formar parte del capital accionario del Municipio.
- $11.754 millones, representados en el aporte accionario del Municipio en la Triple A, alcanzando el 89% del componente, tal como lo dispuso el Acuerdo del Concejo.
El 11% del capital privado estuvo representado en 5.021 accionistas, que aportaron la suma de $1.233 millones
El primer zarpazo accionario al Municipio en la Triple A se configuró porque nunca se hizo la capitalización, a favor del Municipio, de los $6.000 millones con los que inicialmente fue cubierta la deuda con el Banco Popular.
Así las cosas, la Triple A inició el 15 de febrero de 1992 la operación del servicio de aseo, el 17 de marzo del mismo año la de alcantarillado y el 30 de junio siguiente la del acueducto, con base en un contrato de concesión por el término de 20 años.
Para estos días también, el 5 de marzo de 1992 se produjo el aumento del capital autorizado de $100 millones a $20.000 millones, bajo el mismo componente accionario, quedando la parte municipal con 9.595.818 acciones nominativas.
Más zarpazos y estocada
Sin embargo, cuando aparentemente el ya Distrito de Barranquilla mantenía el control accionario de la Triple, el 22 de junio de 1995 ocurrió un hecho que modificó sustancialmente la situación.
Ese día, mediante Escritura Pública 1591 fueron reformados los Estatutos de la empresa, manteniendo las acciones series A y B pero estableciendo la serie C, “integrada por el grupo de acciones a suscribir por el sector privado nacional o extranjero que se contrate para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado”.
Y es aquí donde prácticamente se da el gran zarpazo accionario al Distrito en la Triple A, porque las acciones serie C jamás fueron autorizadas por el Concejo.
Esta reforma abrió el camino para que el 19 de septiembre de 1996, la Junta Directiva de la empresa le entregase el 43.31% del total accionario a Interamericana de Aguas y Servicios S.A. E.S.P. (Inassa S.A.) como socio calificado y operador, para lo cual, además, en contraprestación por los costos de gerenciamiento tendría una remuneración equivalente al 4.5% de los ingresos de la empresa.
En otros términos, Inassa no solo se convierte en dueño de la empresa sino que, al mismo tiempo, cobra por lo que hace dentro de ella, es lo que también se conoce como un “negocio redondo”.
Lo curioso del caso es que ese mismo día Inassa S.A. fue creada mediante Escritura Pública 398 de la Notaría Quinta, teniendo como gestores a los siguientes socios: Juan Ras Sirera, Enrique Gerlein Navas, Luis Cárdenas Gerleín, Julio Gómez Piqueras, Luis Nicolella De Caro y Julio Jácome De la Peña.
Su capital inicial fue de un millón de pesos pero un mes después, en forma sorprendente, fue aumentado a $20.000 millones.
Como consecuencia de ello, el 1 de noviembre del mismo año se hizo una nueva reforma estatutaria, aumentando el capital autorizado a $35.000 millones y definiendo el componente accionario de la siguiente forma:
- Acciones clase A (Distrito de Barranquilla), 9.680.818.
- Acciones clase B (sector privado), 1.295.301.
- Acciones clase C (Inassa – socio calificado), 8.385.324.
Con estas y las siguientes reformas y capitalizaciones, Inassa S.A. aumentó su componente accionario del 60.4% al 81.5% y el 82.2%.
El componente del sector privado paso del 4.5% al 3.4% y 3.3%, mientras que el del Distrito bajó del 85%, al 35.1%, 15.1% y 14.5%
Alcaldes no vieron el elefante
A las capitalizaciones el Distrito de Barranquilla nunca accedió por falta de recursos.
Sin embargo, no se descarta que los altos costos de las capitalizaciones hiciesen parte de una astuta estrategia de los demás accionistas de la Triple A para despojar al Distrito y apoderarse de la empresa, como efectivamente ocurre en la actualidad.
A menos que, los Alcaldes de turno, Bernardo Hoyos Montoya y Edgar George González, no hubiesen visto entrar el elefante, como en el viejo caso del Proceso 8.000.
Más grave aún resultan los términos del convenio 99083 del 28 de mayo de 1999 en el cual el Distrito declara extinguida, en forma definitiva, la obligación de la Triple A correspondiente al pago de regalías, las sustituye para financiar un plan de inversiones, remunera a la empresa por el manejo de dicho proyecto y, además, declara a paz y salvo a la Triple A de haber cancelado todas las regalías exigidas por la concesión.
Nuevamente, en la práctica, otro negocio redondo en favor de la Triple A.
No obstante, la perla más protuberante de este convenio es la ampliación, hasta el 19 de octubre de 2033, del término de la concesión que vencía el 19 de octubre de 2013. Es decir, el contrato de concesión fue ampliado con 14 años de anticipación, con una contraprestación equivalente a 13.551 millones 528 mil 73 pesos.
Esto significa un menor valor que el de la concesión principal, pero garantizada la continuidad de ésta 14 años antes de vencer el término inicial.
Aun cuando el plan de inversiones por el cual fueron sustituidas las regalías, fue ejecutado en el suroccidente de Barranquilla, con un significativo apoyo del Gobierno Nacional, mediante documento Conpes, del mismo surgen muchos inquietudes ya que al término de la concesión los bienes muebles e inmuebles aportados por el Distrito, regresarían a éste, pero pagando el valor correspondiente a sus reformas y mantenimientos realizados por la empresa.
Igualmente, los recursos del Distrito y la Nación fueron invertidos en la ampliación y mejoramiento de los servicios públicos, sin embargo, la Triple A viene aplicando esos factores para el cobro de tarifas, pese a que gran parte de los dineros no fueron aportados por ella.
En cambio, la Triple A mantendrá la titularidad de sus bienes muebles e inmuebles adquiridos en desarrollo y con la rentabilidad de la concesión.
Lo utópico ahora es pensar en que, tal como ha sido manejada esta concesión, el Distrito de barranquilla logre recuperar alguna vez el componente accionario que le permita tener nuevamente la propiedad de la infraestructura pública de acueducto y alcantarillado.
Foto tomada de http://www.esfera-azul.net/2010/03/barranquilla-colombia-distrito-se.html