Las finanzas del Departamento de Atlántico, del maquillaje a la realidad

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Categoría: Zona de Pronfundidad

Publicado el Miércoles, 16 Mayo 2012 08:20

Alto endeudamiento con la banca, pasivos y sentencias judiciales por $362.000 millones, tienen el Departamento en riesgo de entrar a la Ley 550.

Jorge Mariano Rodríguez

Las finanzas del Departamento del Atlántico no son tan halagadoras ni tan boyantes como se piensa o por lo menos como fueron presentadas durante el último año de gestión de la pasada Administración, en cabeza de Eduardo Verano De la Rosa.

La realidad financiera muestra una situación bastante crítica que, incluso, coloca al Departamento ad portas de un proceso de Ley 550 ó Reestructuración de Pasivos, en caso de no lograrse la reingeniería que requiere su extraordinaria deuda.

Atlántico en Noticias y zonacero.info conocieron que hoy, por ejemplo, la deuda del Departamento con la banca asciende a $140.000 millones, en plazos de mínimo 5 años y máximo de 10 años, lo que ameritaría una urgente refinanciación para oxigenar sus finanzas.

Sin embargo, a esta cifra se suman dos créditos a proveedores con los cuales fueron contratadas las mega concesiones de escuelas y hospitales.

La primera de ellas fue contratada con la Unión Temporal Escuelas del Caribe, representada por Roberto Enrique Salom Salom, contempla la ejecución de obras civiles y urbanísticas para la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de 21 instituciones educativas del Departamento del Atlántico e intervención para la reparación de 267 unidades de baterías sanitarias, todo ello por un valor de 29.919 millones 201 mil 94 pesos.

En ella el Departamento se comprometió a pagar el  empréstito al contratista en un plazo de 43 meses, contados a partir de la finalización de la etapa de ejecución, pagadero en 14 cuotas trimestrales y consecutivas, y pignorando a favor del concesionario el 100% del servicio de la deuda sobre la renta e ingresos provenientes de la estampilla Pro Desarrollo.

La segunda, contratada con la Unión Temporal Hun&dos –UTH-, representada por Sigifredo Raad García,  corresponde al diseño definitivo, ampliación, construcción y dotación de la infraestructura de salud del Primero y Segundo nivel en el Departamento del Atlántico, por valor de 29.999 millones 843 mil 22 pesos.

En esta contratación el Departamento se comprometió a cancelar un anticipo de $10.000 millones y la cifra restante durante 60 meses, contados a partir de la finalización de la etapa de ejecución, pagadero en 60 cuotas mensuales y consecutivas, cediendo a favor del concesionario el 100% del servicio de la deuda sobre la renta e ingresos provenientes de la estampilla Pro Hospitales 1 y 2.

El monto de esta deuda aún no está registrada, ya que su contabilización se hará una vez se produzca la entrega de obras. Además, lo más probable es que haya adiciones a los contratos, para la dotación.

A lo anterior se agrega el convenio suscrito con la empresa Une, del cual queda un saldo pendiente por $7.000 millones, lo que significa que hasta aquí, la deuda cierta del Departamento alcanza los $ 197.000 millones.

Contingencias y sentencias

No obstante, para el Departamento del Atlántico el pago de los pasivos es apenas el inicio del problema, porque el verdadero riesgo financiero lo constituyen las contingencias y sentencias que debe enfrentar en el corto y mediano plazo.

La situación es tan grave que en sólo fallos las cuentas suman $75.500 millones, lo cual incluye pasivos por bonos pensionales, cuotas partes, sentencias y conciliaciones, sentencias por varios conceptos, la legendaria deuda de Empotlán, mesadas causadas y no pagadas, entre otros conceptos.

En esta cifra también se incluyen los fallos a favor de los diputados. Hasta la fecha solo hay un fallo en firme, dos en proceso y los demás diputados en espera, pero por tratarse del mismo caso lo más seguro es que pagarlos todos, por el derecho a la igualdad. Y si finalmente se trata de una cifra cercana a los $1.000 millones por Diputado, la cuenta aumentaría de manera exorbitante.

Como si fuese poco, la Contraloría también afronta fallos de ex funcionarios y funcionarios que obligan a pagos retroactivos y nivelaciones salariales. Aplicar estos fallos hace que la Contraloría incumpla la Ley 617, lo que obliga reestructurar la Contraloría, lo que podría generar costos superiores a los $10,000 millones.

Actualmente, la Secretaria Jurídica evalúa procesos sobre los que aun no se tienen cifras, al tiempo que la Secretaría de Salud cuantifica lo propio.

Entre tanto, en la Secretaría de Educación la revisión preliminar arrojaría una cifra aproximada a los $80.000 millones, lo cual incluye sentencias, demandas, contratos y conciliaciones, entre otros.

Como conclusión, la Gobernación del Atlántico registra un alto endeudamiento con la banca, lo cual, sumado a los pasivos y contingencias, por $362.000 millones, ponen en riesgo la situación del Departamento.

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